Graves problemas en las renovaciones de nómadas digitales
Al renovar sus autorizaciones, algunos teletrabajadores internacionales están recibiendo requerimientos para modificar retroactivamente su alta en autónomos y cotizar desde el día siguiente a la concesión de su residencia, incluso por periodos en los que todavía no habían iniciado realmente su actividad en España.
Esta exigencia resulta jurídicamente cuestionable: para retrotraer las altas fiscales y laborales debe acreditarse que la actividad comenzó realmente en la fecha anterior. No debería obligarse a declarar una actividad inexistente ni a modificar datos sin pruebas que lo justifiquen.
Además, la retroacción puede provocar graves perjuicios: devolución de subvenciones concedidas por inicio de actividad, pérdida de cuotas reducidas, rectificación de declaraciones tributarias y posibles recargos o sanciones.
Hablamos de profesionales que confiaron en España, declararon sus ingresos,
pagaron elevados impuestos y cotizaciones y construyeron aquí su vida personal
y familiar. Ahora se sienten frustrados y desprotegidos ante una exigencia que no se
les comunicó con claridad desde el principio.
Desde ADEPO hemos trasladado esta situación a la UGE, al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la Secretaría de Estado de
Migraciones, al Defensor del Pueblo y, cuando ha sido necesario, a los tribunales.
Desde ADEPO hemos promovido e impulsado la defensa de las personas
afectadas también en la vía judicial. Como resultado de estas actuaciones, ya
existe un procedimiento en el que el TSJ de Madrid acordó medidas cautelares para
mantener provisionalmente las autorizaciones afectadas. No es una sentencia
definitiva ni prejuzga el fondo, pero demuestra que el problema exige prudencia y
una valoración individualizada.
No pedimos que nadie quede exento de cumplir la ley. Pedimos reglas claras,
seguridad jurídica y que se diferencie entre quien elude sus obligaciones y quien se
dio de alta al comenzar realmente su actividad y ha cumplido desde entonces.
Rectificar también es buena administración. Esperamos que la UGE y el
Ministerio escuchen a las personas afectadas y revisen este criterio con buena
fe, proporcionalidad y humanidad.
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